Una de las ramas más especializadas del derecho administrativo es la contratación administrativa, que en la actualidad se encuentra regulada por la Ley de Contratos del Sector Público, de reciente aprobación y que ha supuesto una modificación total del marco normativo que regulaba esta materia desde el año 1.995, y cuyo perfecto conocimiento puede resultar muy lucrativo para los empresarios y profesionales que quieran contratar con la administración.
Desde la perfecta preparación de los trámites necesarios para poder licitar en una subasta o un concurso hasta la correcta interpretación de un pliego de condiciones administrativas particulares (PCAP) que conlleve la correcta presentación de cuanta documentación y requisitos sean necesarios para la participación y futura adjudicación de un concurso o subasta es fundamental para contratar con garantías frente a la administración.
No deja de ser habitual una incorrecta interpretación tanto de los PCAP como de la Ley y la indebida exclusión de alguno de los licitadores de las subastas y concursos. No siempre debe conformarse con la decisión de la administración sino que debe estudiarse por profesionales especializados en esta materia y reclamar en caso de haberse lesionado sus derechos.
Por su parte, aunque lo normal es el correcto funcionamiento de los concursos administrativos de contratación, son también habituales las impugnaciones de concursos o subastas por decisiones administrativas que lesionan los intereses de un licitador en beneficio de otros.
La nueva ley acorta aún más los plazos en determinados recursos y concursos, debiendo interponer rápidamente un recurso que pueda suspender el concurso así como defender los intereses de la empresa que entienda lesionados sus intereses mediante la impugnación del concurso.
También puede ocurrir que estando perfectamente adjudicado un concurso se éste impugnado por alguno de los licitadores no ganadores, intranquilizando al legítimo ganador en el derecho logrado. En esos momentos es imprescindible comparecer en juicio como codemandado junto a la administración y defender los intereses del ganador del concurso con garantías, sin dejar la defensa de sus intereses exclusivamente a la administración.
Otra cuestión importante es la correcta interpretación de los contratos administrativos una vez firmados, de manera que la explotación del servicio público adjudicado, el suministro que se está prestando o la asistencia técnica no se demasiado gravosa para la empresa que la presta por haberse modificado las condiciones del contrato o querer imponer la administración una modificación que no sea preceptiva. La adjudicataria tiene que defender sus intereses, siendo muy cuantiosos en multitud de ocasiones. Tampoco se puede olvidar la necesidad de modificar el contrato, debiendo realizar un correcto planteamiento del mismo a la administración.
Del mismo modo, la reclamación de las cantidades dejadas de percibir en la ejecución de un contrato con la administración, así como el pago de los intereses de demora, es otra cuestión muy importante y que debe defenderse con garantías frente a la administración.
Podemos decir sin temor a equivocarnos que nuestro despacho está especializado en esta materia, disponiendo de amplia experiencia y conocimientos en la materia, así como notables éxitos contrastables.
